Los padres fundadores del populismo (Julio 2007)

Las siguientes reflexiones sobre la cuestión del populismo en Latinoamérica tienen una doble finalidad: contribuir a la comprensión de las causas que originan este fenómeno y proponer estrategias políticas superadoras del mismo. 

¿Qué entendemos por populismo? Este término se ha generalizado para designar movimientos políticos con fuerte apoyo popular pero que no buscan realizar transformaciones muy profundas del orden de dominación existente, ni están principalmente basados en una clase obrera autónomamente organizada, pero están marcados por un liderzazo anclado en sectores externos a las clases obrera y campesina, y se encuentran sesgados por una fuerte vinculación entre masa y líder en gran medida carismática. Los fenómenos denominados bajo el rótulo de populismo se caracterizan por canalizar las demandas sociales a través de mecanismos clientelares. De esta forma, muchos ciudadanos latinoamericanos resuelven sus problemas de sobrevivencia cotidiana mediante los favores, bienes y servicios provistos por los mediadores políticos locales. Estos mediadores actúan en sus comunidades como referentes del líder, gozando del poder posicional que acompaña a su función mediadora y canalizando recursos desde el patrón a los clientes, y votos y apoyo desde los clientes a la persona que controla los recursos materiales y simbólicos. Los mencionados mecanismos funcionan sobre la base de una apropiación privada de los recursos públicos, ya que los bienes materiales y simbólicos distribuidos a cambio de lealtad se entregan a través de redes absolutamente discrecionales. La consecuencia de estos procesos es bastante conocida: los ciudadanos se ven obligados a canjear cuotas de libertad política a cambio del ejercicio de derechos sociales básicos (salud, alimentación, educación y vivienda).

 ¿Por qué se ocasiona el populismo en Latinoamérica? La mejor respuesta a esta pregunta la pude leer en el reciente libro de Tomás Abraham “El presente absoluto”, en este libro el autor sostiene: “… Un hombre despojado de su humanidad, sin trabajo, con los hijos sin futuro y con el presente del hambre, además de padecer la humillación de una sociedad que le explica que lo que ofrece en los escaparates dorados no lo merece, despreciado por el estado que nada ha hecho sino burlarse de él, con una clase cultural que se viste de bronce y de apellidos y lo denigra con su verba empacada, encuentra en el caudillo, en el puntero, en la unidad básica a alguien que le dio algo, una chapa para el techo, una escuela en la que los hijos puedan desayunar, una caja con alimentos, una changa en la municipalidad, es decir que encontró respeto, y devuelve con lealtad…”.  

Los líderes populistas fueron y son (¿y serán?) la respuesta a regímenes políticos aristocráticos (¿u oligárquicos?) que bloqueaban la participación democrática de las masas (sectores medios y obreros), que  también condicionaban el ejercicio de los derechos sociales a la demostración de lealtad (los conservadores en Argentina pueden dar fe de la utilización de mecanismos clientelares mucho antes de la llegada al poder de los denominados líderes populistas). No puedo dejar de olvidarme la famosa fórmula alberdiana: libertades civiles para todos, libertades políticas para pocos. La llamada “chusma” no estaba en condiciones de ejercitar sus derechos republicanos. La república posible de Alberdi (inspiradora del orden conservador de los ochenta en el siglo XIX y de la restauración conservadora en la década del treinta del siglo XX) sostenía la imperiosa necesidad histórica de alejar al pueblo de la conducción del estado, y reservarle esa tarea a un grupo reducido de ciudadanos educados y aptos para las tareas de gobierno. La república verdadera (derechos civiles y políticos para todos los ciudadanos) tenía que esperar. De esta forma, república y democracia tomaron senderos opuestos. La democracia no se hizo esperar y llegó de la mano de los caudillos que supieron canalizar las demandas de las masas. Y esa democracia no adquirió la forma republicana que muchos hubiéramos pretendido. Asumió formas populistas, plebeyas, caudillistas. ¿Podría haber surgido un Perón sin los gobiernos conservadores que lo antecedieron? ¿Hubiéramos tenido un Yrigoyen sin el orden conservador de los ochenta? ¿Quiénes parieron a Chávez en Venezuela? ¿Quiénes engendraron a Velasco Alvarado en el Perú? ¿Por qué un Kirchner en la Argentina logra aumentar su legitimidad a fuerza de obras, chequera y promesas encendidas? No temo a equivocarme con la siguiente afirmación: los padres fundadores del populismo fueron y son todas aquellas fuerzas políticas que montaron modelos políticos cerrados que no quisieron dar respuesta a las demandas populares.

¿Cómo superar el populismo en Latinoamérica? Todas las fuerzas que aspiramos a ofrecer propuestas superadoras al populismo deberíamos considerar los siguientes aspectos: 

1. Identificar las demandas sociales insatisfechas y diseñar políticas públicas efectivas para la resolución de las mismas. Se debe mostrar con gestión que los problemas se resuelven.
2. Implementar políticas sociales universales que permitan el ejercicio de la ciudadanía sin intermediarios que pretendan lucrar políticamente con la entrega discrecional de bienes materiales y simbólicos.
3. Apelar a la construcción de una ciudadanía activa que comprenda que los derechos deben “ganarse desde abajo”, y no contribuir a la perpetuación de una ciudadanía pasiva que espera los favores y las dádivas “desde arriba”.
4. Favorecer la construcción de una ciudadanía integral que reconozca la importancia de pelear por la vigencia plena de la totalidad de los derechos, pero que al mismo tiempo reconozca la necesidad de forjar una ciudadanía que cumple con sus responsabilidades y obligaciones.
5. Y por último, emprender el difícil camino de reconciliar la república con la democracia, reconociendo que en nombre de la primera se pisoteó la segunda, y viceversa; sabiendo que una verdadera democracia pluralista que respete a las mayorías integrando a las minorías solo es posible a través de la vigencia plena de la institucionalidad republicana.

Matías Lobos

matiaslobos73@yahoo.com.ar

El abanderado del progresismo (Julio 2007)

El presidente Kirchner elabora tenazmente su juego presentándose como el líder de un espacio político que pretende fundarse en bases ideológicas progresistas. Para conseguir esto debe presentar a la década del noventa como “la segunda década infame”, debido a que en el imaginario presidencial (y en el de muchas mentes lúcidas) las políticas públicas implementadas en aquel período constituyen la concreción empírica irrefutable del “neo liberalismo”. 

Si los noventa fueron la “fiesta neoliberal” y los Kirchner y su séquito conforman “la renovación progresista”, me atrevo a preguntarme lo siguiente:

1. ¿Qué hacían los principales operadores políticos del presidente en los noventa y en los setenta? Daniel Scioli fue primer candidato a diputado por el PJ en la lista menemista, Aníbal Fernández fue intendente de Quilmes y proclamaba rabiosas consignas menemistas en sus campañas locales, Alberto Iribarne fue viceministro del interior del caudillo riojano, Felisa Miceli era directora de presupuestos provinciales en la gestión de Martínez de Hoz, Ginés González García recibía directivas militares cuando revistaba como médico auditor de la UOCRA, Felipe Solá fue secretario de agricultura – ganadería y pesca de Menem, Enrique Albistur era el jefe de campaña de Carlos Grosso, Alicia Kirchner fue directora de asuntos comunitarios del ministerio de asuntos sociales de Santa Cruz durante la dictadura, Eduardo Luis Duhalde fue abogado de la SIDE durante la gestión de Hugo Anzorreguy, Oscar Parrilli fue miembro informante de la privatización de YPF, Víctor Santamaría fue diputado de la ciudad por la agrupación que lideraba Gustavo Béliz, Rafael Bielsa fue asesor en la secretaría legal y técnica del menemismo, Carlos Bettini fue jefe de gabinete del ministerio de justicia en tiempos del menemato, Daniel Filmus participó de los gestiones de Grosso y de Decibe en el área educativa en los niveles del gobierno de la ciudad y en el gobierno nacional respectivamente. Les aseguro que la lista sigue pero “las frutillitas del postre” son para Kirchner y su esposa: el actual mandatario recibía a Menem como el gran presidente argentino que estaba transformando el país, y la senadora Cristina forzaba a la legislatura de Santa Cruz a avalar la privatización de YPF. Frente a estos antecedentes una conclusión que se cae por el peso de la obviedad: los Kirchner y sus principales delfines no fueron espectadores pasivos en los noventa, sino que fueron actores activos involucrados en los procesos desarrollados en esa década que hoy tanto demonizan.
2. La transversalidad fue un discurso usado por el actual presidente en sus primeros años de gobierno para captar apoyos por afuera de la estructura tradicional del PJ. Se suponía que con dicha transversalidad el kirchnerismo iba a poder romper el “cerco duhaldista” y generar bases de sustentabilidad social alternativas al “aparato pejotista” (definición utilizada por el propio Kirchner para denostar a la estructura del PJ). En ese momento Duhalde sostuvo que la tan mentada transversalidad no era otra cosa que el tradicional movimientismo peronista presentado en un nuevo envase. ¿Quiénes fueron captados por la transversalidad kirchnerista, para liquidar el “aparato pejotista”? Julio Pereyra (intendente  de Florencia Varela) acaba de anunciar que el presidente le prometió a su distrito un puente, un hospital regional, varias escuelas y 5000 casas; Alberto Descalzo (intendente de Ituzaingó) recibirá de la presidencia obras públicas destinadas a mejorar la red cloacal y un túnel; Mario Ishii (intendente de José C. Paz) recibió 147 emprendimientos financiados por el gobierno nacional; Fernando Espinoza (intendente de La Matanza) extendió la red de agua potable y ensanchó la ruta 3 con dineros provenientes de la nación; Manuel Quindimil (histórico intendente de Lanús y reacio a caer en las redes K) recibirá este año obras públicas por un valor superior a los 50 millones de pesos; la historia se repite en Lomas de Zamora, Merlo, Quilmes, San Fernando, Tres de Febrero. El mecanismo de compra de lealtades es sencillo: la lealtad se paga con obras públicas financiadas por el ministerio de Planificación. Los que hoy le profesan lealtad a Kirchner son los mismos que le juraban “amor eterno” a Duhalde y a Menem. La transversalidad kirchnerista sumó algunas voluntades por afuera del PJ, especialmente agrupaciones sociales de origen piquetero; pero no reemplazó al “aparato pejotista” sino que lo compró. Los muchachos como dignos “perros fieles” entendieron que llegaba la hora de cambiar el collar; ayer lo tenía Duhalde, hoy lo tiene Kirchner. Pero dejemos en claro un verdad de perogrullo: estos muchachos no son portadores de banderas ideológicas progresistas, la única ideología que conocen es la “ideología de la chequera”.
3. Y por último: ¿lidera Kirchner un proyecto político que conduzca los destinos del país hacia la equidad social, principal objetivo progresista? Resulta imprescindible advertir el diagnóstico de Guillermo O´Donnell sobre el actual gobierno: “… este tipo de gobiernos delegativos y decisionistas tienen una característica muy peligrosa: cuando vienen épocas de vacas flacas no tienen soporte institucional. Es decir: no hay un conjunto de instituciones con poder, recursos y prestigio, para que el país ande bien y con capacidad de contención. La tarea de erosión institucional emprendida provoca que no haya red. Esta carencia tiende a provocar desplomes drásticos…”. Es en este punto donde debemos reflexionar sobre la relación entre calidad institucional republicana y desarrollo económico con equidad distributiva. Las instituciones sólidas son requisitos indispensables para construir políticas públicas estables y duraderas que combatan la desigualdad extrema y consigan una distribución equitativa del ingreso nacional. En este sentido el ejemplo chileno es perfecto: luego de más de 15 años de continuidad de políticas públicas implementadas por instituciones confiables y respetadas se pudo reducir la pobreza un 50 % y la indigencia un 75%.

        Matías Lobos

        matiaslobos73@yahoo.com.ar

El gobierno y la oposición de cara a la elección nacional de octubre (Julio de 2007)

• El gobierno del presidente Kirchner viene atravesando los últimos meses una serie de traspiés electorales: primero fue Misiones, luego siguió Neuquén y finalmente llegó la combinación de derrotas en la Capital Federal y en Tierra del Fuego. Frente hasta esta situación, gobierno y oposición pueden estar tentados en cometer dos errores. El primero puede llegar a considerar las mencionadas derrotas como simples y esporádicos episodios locales, desde esta lógica el gobierno puede llegar a pretender hacer de las derrotas meros y simples fracasos electorales que se produjeron solo por cuestiones políticas que se corresponden con realidades particulares, evitando de esta forma que los traspiés sufridos se trasladen a la elección nacional de octubre. La segunda puede analizar los resultados citados como el producto del hartazgo generalizado de una mayoría silenciosa de ciudadanos con la política nacional del gobierno que encabeza el líder patagónico, suponiendo de esta manera que las derrotas sufridas por el oficialismo en los ámbitos locales se trasladarán en forma automática a las elecciones de octubre, con lo cual estaríamos viviendo los comienzos del fin de la era pinguina. Sintetizando los argumentos, el oficialismo puede estar tentado con menoscabar las derrotas locales sufridas, y la oposición puede ilusionarse con pensar que la totalidad de votos opositores en las instancias locales se fusionarán en un rechazo generalizado y homogéneo al proyecto del presidente.

• Considero apropiado remarcar algunas cuestiones básicas que pueden contribuir a despejar el panorama político actual:

     a. Los votantes del oficialismo y de la oposición (en todos los distritos del país), votan en un marco generalizado de escepticismo y desidentificación partidaria (todos los partidos políticos, nuevos y viejos, atraviesan por una crisis de representación)  y política (la inmensa mayoría de los argentinos no se identifica con ninguna ideología determinada); salvo una minoría que vive el microclima político – electoral, la gran mayoría de los ciudadanos emite sus votos sin considerar en demasía las divisiones tradicionales entre izquierdas y derechas. Desde esta óptica, no resulta aventurado pensar que votantes del Movimiento Popular Neuquino, o de Propuesta Republicana, o del ARI, o del Frente Cívico y Progresista (Santa Fé) opten por el pingüino o su esposa en octubre. Ni el oficialismo ni la oposición pueden creer que tienen un cheque en blanco de la ciudadanía, todos están bajo la lupa y todos son llamados a rendir cuentas. Cómo dice el dicho campestre “nadie tiene la vaca atada”.

   b. El oficialismo debería considerar que los simples equilibrios macroeconómicos son una condición indispensable para generar gobernabilidad, pero no la única. Muchos de los votos opositores al gobierno encuentran su fundamento último en la corrupción enquistada en el manejo de los presupuestos públicos(Skanska), en el autoritarismo hegemónico del estilo de acumulación del poder del presidente, en los problemas severos de regulación de los servicios públicos (transporte), en la falta de previsión de inversiones en áreas claves de la economía (electricidad), en la baja calidad institucional de las instituciones republicanas (consejo de la magistratura), en el manejo discrecional de las estadísticas oficiales (intervención del INDEC), en la falta de control de la inflación y en ciertos alineamientos internacionales (Cháves usando Argentina como tribuna para emitir sus falsas diatribas contra el imperialismo yanqui).

     c. La oposición tendría que percibir en su diagnóstico de la situación que “el helicóptero de De La Rúa” sobrevuela aun hoy las mentes de muchos compatriotas. Esto supone que un paradigma de construcción alternativo para las fuerzas de oposición podría ser el siguiente: GESTIÓN + GOBERNABILIDAD + CONSTRUCCIÓN DESDE LO LOCAL HACIA LO NACIONAL. Frente a la crisis traumática de la ALIANZA en 2001, las alternativas opositoras deben mostrar experiencias de gestión comprobables y empíricas, que demuestren con realidades palpables las posibilidades reales de un modelo alternativo. El desafío complementario para la oposición radica en mostrar niveles de gobernabilidad razonables en las experiencias locales, que le permitan comprobar a la ciudadanía la fortaleza y la densidad política de los proyectos alternativos. Es por estas razones que la sociedad ya está dando chances concretas de gobierno a la oposición en ámbitos locales. La construcción de una alternativa nacional para la oposición pasa necesariamente por un camino que debe ir desde lo local hacia lo nacional. Los triunfos del ARI en Tierra del Fuego, del PRO en la Capital Federal y un casi seguro del Frente Cívico en Santa Fé, son perlas para la oposición que deben ser cuidadas con suma cautela. Será difícil un cambio de gobierno nacional si estas fuerzas no demuestran capacidad de gobierno provincial.

      d. Por último, se escucha bastante en estos días la hipótesis de que si la oposición va desunida en la primera vuelta esto podría generar una dispersión tal del voto que le impida al matrimonio presidencial llegar al 40% de los sufragios. Me temo que tal dispersión podría generar los efectos contrarios, esto es una tracción de votos hacia el oficialismo. Siguiendo el razonamiento que llevo hasta este punto: si la oposición a nivel nacional no logra unirse con un proyecto que genere confianza de gestión y seguridad de gobernabilidad, es muy probable que muchos votos opositores en los planos locales se trasladen a la opción oficialista en el plano nacional. Rematando con un dicho popular: “más vale malo conocido que bueno por conocer”.      

     Matías Lobos

    matiaslobos73@yahoo.com.ar    

¿Cómo debería votar el verdadero progresista porteño? (Junio de 2007)

La estrategia utilizada por el oficialismo para devastar a la figura de Macri es clara y precisa: la estigmatización de la década del noventa y la adhesión automática del líder del PRO a la mencionada década.

 Considero conveniente que el electorado que se autodefine como progresista en la ciudad de Buenos Aires, evalúe los siguientes aspectos a la hora de considerar si el gobierno del Presidente Kirchner cumple verdaderamente con los umbrales mínimos de progresismo. 

El diario Página 12 en la llamada “segunda década infame”  informaba en forma diaria los incontables casos de corrupción que se sucedían en la gestión menemista. Así fue como la práctica del saqueo indiscriminado de la Nación se convirtió en una verdad que no podía ser ocultada. Hoy, lamentablemente y salvo contadas excepciones, la prensa argentina no difunde con tanta asiduidad los casos de corrupción de la gestión gubernamental, pero todos sabemos que la matriz cleptocrática no se ha desactivado. Los casos de sobreprecio de la obra pública que han salido a la luz en las últimas semanas son una muestra insoslayable de lo antes dicho. Este gobierno continua saqueando las arcas públicas. Ayer el progresismo se preocupaba con justa causa por el saqueo de la Nación, hoy no puede mirar para otro lado y justificar la corrupción del actual gobierno.

 En los anos noventa; la manipulación de las instituciones republicanas, y especialmente la de la justicia; ocupaba un lugar destacado en la agenda de preocupaciones progresistas. La matriz cleptocrática solo podía funcionar con impunidad, y esa impunidad solo se garantizaba con una justicia obediente del poder político. Fue así que el punto más álgido en la mencionada manipulación llegó con el aumento del número de jueces de la Corte Suprema que respondían las directivas expresas del entonces presidente. Actualmente, la manipulación de las instituciones republicanas continúa. Si bien el actual presidente ha efectuado una renovación del máximo tribunal, por debajo ha alterado la composición de los miembros del Consejo de la Magistratura aumentando la representación del oficialismo en dicha institución. Es en este punto donde la manipulación sigue, y el razonamiento que lleva adelante el gobierno es sencillo: ellos necesitan la misma impunidad que precisaban los funcionarios menemistas. Hoy, un verdadero progresista no puede pasar por alto esta cuestión, salvo que la impunidad que oculta el robo del estado ya no sea más una inquietud atendible.

 La política de derechos humanos ha sido siempre una preocupación sobresaliente en el campo progresista. La derogación de las leyes de punto final y obediencia debida son una adelanto indiscutible en esta materia. Pero cabe recordar los contextos históricos en los cuales acontecen los procesos políticos. Las leyes mencionadas fueron sancionadas luego de que los miembros de las juntas militares fueron juzgados por los crímenes cometidos en la esfera de la justicia civil, y fueron el instrumento utilizado para la contención de los alzamientos militares carapintadas que ponían en jaque a la naciente democracia. El actual gobierno promueve la derogación de las mismas en un contexto sumamente favorable a la conducción civil de las fuerzas armadas. Para ser gráfico en lo que quiero expresar, Alfonsín tuvo que lidiar con el “león suelto que todavía mostraba las garras”, Kirchner le propina latigazos a un “león que ya está domado”. Alfonsín tenía que soportar los embates de Rico y de Seineldín, Kirchner enfrenta los de Pando. El progresista no debería dejarse engañar por las sobreactuaciones del gobierno en materia de derechos humanos, y recordar que mientras este presidente critica o se olvida de los verdaderos luchadores por los derechos humanos, las verdaderas preocupaciones de Kirchner en esos años pasaban por hacer caja para su proyecto político. 

La convertibilidad en los noventa, una típica política de estabilización monetaria, fue convertida por el menemismo en su modelo económico. No importaba la desindustrialización del aparato productivo, no importaba la extranjerización de la economía, no importaba la tercerización del esquema de producción, no importaba el empleo en negro, la desocupación y el aumento de la pobreza. El verdadero progresista debería pensar si hoy el gobierno nacional plantea realmente un modelo de desarrollo productivo estable y eficiente. O no será que otra política de estabilización monetaria, en este caso la devaluación, una vez más se convierte en la única propuesta de desarrollo económico. ¿O acaso los problemas antes citados no se mantienen? Una verdadera agenda de desarrollo progresista debería contemplar la detección de nichos de mercados en la economía mundial que posibiliten un desarrollo productivo endógeno sustentable en el largo plazo. 

La falta de equidad en la distribución de ingresos era un tema que preocupaba muchos a las mentes progresistas. En los noventa se había vendido, y muchos compraron, la teoría del derrame. La idea era que primero había que crecer para luego distribuir la riqueza material que el progreso económico generaba. Así fue como crecimos y crecimos, pero la riqueza en vez de redistribuirse se concentraba cada vez más en sectores minoritarios y privilegiados de la sociedad. El patrón de distribución del ingreso no se ha alterado en la gestión kirchnerista ni un ápice, más bien esta distribución se hace cada vez más regresiva. La concentración se ha profundizado y hoy la brecha que separa al 10% de la población más rica del 10% de la población más pobre es cada vez mayor. Por lo tanto, el verdadero progresista no puede negar que detrás del discurso “progre” del presidente se oculta una verdad contundente: la reedición de la teoría del derrame. 

El menemismo justificaba su accionar con argumentos democráticos: el pueblo me vota en su mayoría por lo tanto avala con su voto lo que esta gestión hace. Para reforzar estos justificativos democráticos un periodista amigo de entonces le organizaba la plaza del SI. Las fuerzas políticas que en ese momento denunciaban los atropellos menemistas eran acalladas por la fuerza y la contundencia de los argumentos democráticos. En ese momento el progresismo formaba parte de las voces minoritarias que gritaban a los cuatro vientos los escándalos vergonzantes del menemismo. Hoy la patota oficial vuelve una vez más a utilizar los mismos argumentos: si la mayoría está conmigo el pueblo avala lo que hago, y los grupos minoritarios que insisten con permanecer en la oposición son vilipendiados públicamente y asociados con oscuros intereses antinacionales. El verdadero progresismo sabe que una democracia se construye con mayorías que respetan a las minorías. El progresismo no puede respaldar a un gobierno que hace del oprobio y del apriete sus banderas de lucha.

Matías Lobos

matiaslobos73@yahoo.com.ar 

Hacia la construcción de una República Democrática (Mayo de 2007)

La Coalición Cívica propone la construcción de una República Democrática, la cual consideramos que deberá estar fundamentada en los siguientes principios orientadores:

1. Una concepción del poder no absoluto. Lejos de las posturas estatistas extremas que condicionan el desarrollo de la sociedad a las directivas que emanan de la planificación estatal, pero también alejados de las visiones que consideran al estado como mera instancia monopolizadora de la coacción estatal; nuestra propuesta es una concepción del poder que condiciona el accionar del estado a través de la Constitución, entendida esta última como la expresión del poder constituyente que emana del consenso social básico que debe existir entre las fuerzas políticas y sociales de la comunidad.
2. En cuanto a la legitimación del poder del estado, la construcción de una República verdaderamente democrática supone convertir al poder en autoridad a través del reconocimiento libre, racional y renovado de los pueblos. La implementación de procedimientos electorales democráticos, liberados de prácticas clientelares y transparentes se convierten en una herramienta fundamental para la legitimación del poder estatal.
3. El ejercicio del poder estatal deberá ser efectuado desde un marco ético general de contención. La Coalición Cívica aboga por abandonar para siempre la supuesta neutralidad ética del poder. Nuestros principios en este sentido son claros: intransigencia ética y perseverancia. La actividad del estado, e incluso la misma constitución, deben reconocer un marco normativo preciso y concreto de comportamientos y conductas éticas.
4. El poder del estado en la República Democrática, si pretendemos abandonar las tendencias hegemónicas y autoritarias, tiene que sustentarse en una división de funciones que asegure en forma simultánea: la independencia de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial; el equilibrio de los tres poderes a través de los mecanismos de frenos y contrapesos; y la coordinación de las tres funciones en la conducción eficaz del aparato estatal. Uno de los principales déficit de nuestra joven democracia es no haber podido superar el autoritarismo, este era muy fácil de identificar en el contexto de gobiernos militares represivos; pero el verdadero desafío actual es combatir y erradicar las tendencias autoritarias que moran en el corazón mismo del sistema republicano y democrático actual.
5. La República Democrática tiene dos valores políticos supremos: la libertad y la igualdad. Nuestra nación es un claro ejemplo de cómo nunca se pudieron sintetizar estos dos valores básicos. En nombre de la libertad se pisotearon las políticas de integración que tendían al logro de la igualdad. Y en nombre de la integración social se aplastaron dimensiones elementales de la libertad. Nuestra propuesta consiste en sintetizar la libertad y la igualdad, ya que una democracia no puede funcionar si no quedan asegurados los derechos sociales básicos a partir de los cuales se pueden comenzar a pensar y ejercer la libertad. La educación, la salud y el ingreso monetario deben posicionarse en un piso de igualdad mínima para todos los ciudadanos, a partir del cual el ejercicio de la libertad se transforma en una realidad material, y no en un mero ejercicio de reflexión teórica.
6. La República Democrática se transforma en un instrumento idóneo para el desarrollo económico sustentable. La República Democrática asegura la inclusión social de la totalidad de los ciudadanos, permitiendo de esta forma la creación de un mercado de consumo dinámico y con alto poder adquisitivo. El capital encuentra su mejor clima de negocios en el marco de una sociedad sin exclusión social. Las políticas de integración social se convierten de esta forma en instrumentos complementarios del desarrollo económico. Un estado que asegure reglas de juego claras y transparentes permite la conquista de dos objetivos sociales básicos: el crecimiento económico y el desarrollo social.
7. En síntesis; la ética en la conducción del estado, las instituciones republicanas para orientar el ejercicio del poder, y la distribución del ingreso para implementar un desarrollo económico-social; son los pilares fundamentales de la República Democrática que se ha propuesto construir la Coalición Cívica.

          Matías Lobos

         matíaslobos73@yahoo.com.ar

Las zanahorias y el garrote: la política oficial de Kirchner (Mayo de 2007)

El gobierno nacional del Presidente Kirchner plasma en su accionar la política de la zanahoria y el garrote: para las corporaciones “amigas”, todo; para las corporaciones “enemigas”, nada.

La represión despiadada y salvaje contra los docentes en la provincia de Neuquén despertó las críticas más iracundas por parte de funcionarios nacionales y del propio presidente. La lógica discursiva es conocida hasta el hartazgo por básica y elemental: el derecho a la protesta se impone por sobre el derecho a la circulación de los habitantes. Todo el repertorio oficial cayó sobre el mandatario provincial. Lejos estamos de defender la política represiva del gobernador de Neuquén, pero también estamos muy pero muy lejos de las contradicciones flagrantes del gobierno nacional en materia de posicionamiento frente a la protesta social.

¿Qué ocurre en el pago chico del presidente con la protesta de los docentes?

En el mes de Marzo se movilizaron 8.000 docentes y trabajadores en Río Gallegos y otros 4.000 en otras catorce localidades provinciales. La huelga docente de 72 horas fue masiva. La Mesa de Unidad Sindical, que agrupa a docentes, estatales, judiciales, municipales de algunas ciudades y otros gremios estatales, realizó a un paro de 24 horas el jueves 29 de marzo.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar: la militarización de la provincia. Llenó la provincia con tropas de la Gendarmería, ocupó militarmente las escuelas, puso al conjunto del aparato represivo provincial bajo el comando de la Side, lanzó un spot televisivo donde compara a los docentes con “subversivos (…) que quieren destruir la provincia” y procedió a descontar de los salarios docentes (y de otros trabajadores que habían parado) el presentismo y los días de huelga. Para completar el cuadro, en la noche del sábado sus patoteros lanzaron una bomba molotov contra el local donde se realizaba un festival para recaudar dinero para el fondo de huelga.

La política del garrote se expone de manera explícita, no quedan márgenes para las elucubraciones teóricas, la máscara pseudo progresista se cae, Kirchner se muestra tal como es, las presiones corporativas que no se canalizan a través de la estructura oficial se castigan y se desacreditan.

Pero la política nacional no se agota en los garrotes, el líder sureño aprendió las primeras lecciones maquiavélicas sobre el uso del poder: los representantes de las corporaciones cercanas al gobierno reciben incentivos materiales concretos que pagan su fidelidad hacia el gobierno. La política de las zanahorias se muestra con total desfachatez. En el marco de las concertaciones salariales con gremios “amigos” el presidente sostuvo que “… nunca en la historia mejoraron tanto los salarios docentes en la Argentina”, haciendo referencia al piso mínimo salarial superior a los $1000 que se pactó con la CTERA. La respuesta de los docentes santacruceños fue concreta y precisa: “… el que debe tener memoria es el Presidente; nunca en la historia estuvimos tan lejos de la canasta familiar. Nunca tuvimos tan depreciado nuestro poder adquisitivo; él instaló durante su gobierno la flexibilidad laboral a través del presentismo”. Sería bueno que el INDEC (si es que dicho organismo, luego de las burdas manipulaciones a las que ha sido sometido, puede aun brindar información estadística confiable) le informe al Presidente los valores de la canasta básica de bienes y servicios en las provincias patagónicas, ya que lo que se atreven a peticionar los docentes santacruceños es un ingreso monetario que les permita situarse por encima de la línea de la pobreza. Eso es todo señor presidente: docentes que no quieren ser pobres.

Pero la política del garrote no se agota en los temas planteados en los párrafos anteriores. El reclamo docente es censurado por la mayoría de los medios de comunicación provincial, que vale recordar son de propiedad de Rudi Ulloa, ex chofer del presidente de la Nación, y también por la mayoría de los medios privados que están absolutamente cooptados por la pauta publicitaria del Estado provincial.
Esos medios de comunicación omiten, por ejemplo, la existencia de una bomba molotov, que explotó hace pocas noches en el Gimnasio Benjamín Verón de Río Gallegos, cuando docentes estaban haciendo una jornada de reflexión para ver cómo juntaban fondos para pagar a los damnificados por los desgraciados descuentos aplicados por el gobierno provincial a los sueldos del último mes, descontando a los docentes el presentismo y todo lo que se les puede descontar de lo que se les paga en negro. Esos medios de comunicación han callado también el secuestro de un hijo de una dirigente gremial del sector sanitario, con vehículos que todos sabemos que si no son de Gendarmería son de la Policía provincial.

El esquema corporativo, autoritario y hegemónico del Presidente no ofrece espacios para las dudas: los “amigos” reciben zanahorias, los “enemigos” garrotes. Frente a esta lógica del poder la opción de la Coalición Cívica es tajante: un esquema de poder republicano, democrático y pluralista.

Matías Lobos

matiaslobos73@yahoo.com.ar

Los paradigmas de la Coalición Cívica (Marzo de 2007)

La Coalición Cívica deberá contribuir a la creación de una propuesta de gobierno que sintetice los siguientes paradigmas: 1. el paradigma moralizante, 2. el paradigma ideológico, 3. el paradigma de la eficacia/eficiencia, 4. el paradigma republicano, y 5. el paradigma democrático.

1. El paradigma moralizante. Los últimos años en la vida política e institucional argentina han asistido a la construcción de una matriz cleptocrática. Parafraseando a Lilita Carrió “los mismos de siempre roban por derecha y roban por izquierda”. Las construcciones discursivas ideológicas de derecha y de izquierda han sido utilizadas para diseñar máscaras que ocultan la verdadera realidad nacional: el robo sistemático de las arcas públicas. La Coalición Cívica debe convocar a todo aquellos ciudadanos que crean que la honestidad y la decencia sean los valores rectores de la acción pública.
2. El paradigma ideológico. La conducción del estado requiere de un conjunto elaborado de ideas acerca de lo que se pretende lograr con la conducción del mismo. Una fuerza política sin ideas pierde su brújula, su norte, su puerto de llegada. La Coalición Cívica debe trabajar en el diseño de una propuesta ideológica coherente y moderna. Un consenso ideológico que no puede ser estrecho y dogmático. Una ideología que permita ampliar las bases sociales de sustentación y que no encierre a la estructura política en el aislamiento social.
3. El paradigma eficacia/eficiencia. La Coalición Cívica se tiene que proponer la dirección efectiva y eficiente del aparato estatal. Un gobierno que sepa cumplir sus objetivos, y utilice para ello los mejores medios y las mejores prácticas gubernamentales, debe conformar un aspecto insoslayable en la elaboración de la agenda de la Coalición Cívica. Pero la eficacia y la eficiencia nunca son un fin en sí mismo, sino que deben ser los medios indispensables con los cuales se propone gobernar la coalición.
4.  El paradigma republicano. El funcionamiento de las instituciones republicanas del país es una farsa. La falta de independencia de los poderes del estado, la ausencia del control mutuo entre los mismos, los intentos de perpetuidad en las funciones públicas, el sistema unitario encubierto con una fachada federal, los esquemas de clientelismo político que explotan la miseria de nuestros ciudadanos, son solo algunos ejemplos de la farsa republicana en la que vivimos. La Coalición Cívica se propone recuperar el normal funcionamiento de la República, forma de gobierno que nos asegura la libertad y la seguridad.
5. El paradigma democrático. La Coalición Cívica no se agota en exhortaciones republicanas vacías de contenido, una república sin democracia es un sistema oligárquico disfrazado, encubierto. La Coalición aspira a generar una verdadera democracia de iguales, una democracia que se sustente en el desarrollo humano para todos sus ciudadanos. Una democracia en la cual los derechos políticos, civiles y sociales alcancen a todos sus miembros. Una democracia que asegure la participación de la ciudadanía en la conducción del estado.

       Matías Lobos

       matiaslobos73@yahoo.com.ar

Las opciones de la oposición (Marzo de 2007)

Ø      ¿Cuál es el tablero político donde quiere jugar el gobierno nacional la disputa electoral del 2007? Frente a una oposición fragmentada, el proyecto kirchnerista se presenta a sí mismo como una opción peronista-progresista, permitiendo de esta manera la ubicación del mencionado proyecto en el centro-izquierda del espectro político. La jugada del presidente es clara: haciendo pie en la estructura política tradicional del PJ (tan acostumbrada a cambiar docilidad por chequera), construye una lógica discursiva que le permite la cooptación de sectores políticos autodefinidos como de “centro-izquierda” y la captación de apoyos de sectores sociales que se proclaman “independientes” y “progresistas”. Frente a una sociedad civil que manifiesta en su inmensa mayoría no sentirse representada por ninguno de los partidos políticos tradicionales, la jugada es más que inteligente: utiliza el aparato político tradicional del PJ (el tan denostado “pejotismo” que solía criticar el santacruceño cuando era gobernador de Santa Cruz) para asegurarse gobernabilidad en el corto y mediano plazo, a la vez que se presenta como la encarnación de un proyecto de “renovación” para los sectores que no quedan encuadrados en las redes políticas tradicionales.  

Ø      ¿Cuál es la oposición más funcional al proyecto presidencial? Considero que una oposición fragmentada y en la cual pueda ejercer cierto liderazgo una fuerza política de centro-derecha es el tablero que desearía diseñar el gobierno. En esta jugada, el rol de Mauricio Macri es clave. Macri es la oposición con la cual quiere confrontar el Kirchnerismo. Un espacio político liderado por un dirigente que proviene del sector empresario, que puede ser vinculado con la política económica de la década del noventa, al que se le pueden encontrar conexiones poco transparentes con sectores de la barra brava boquense, que pretende trasladar a la esfera pública parámetros de gestión de la actividad privada, se presenta como una opción política “ideal” con la cual confrontar.

 Ø      ¿Cuáles son los caminos alternativos que puede tomar la oposición? 

Tablero 1. La oposición puede decidir “tomar el guante” y jugar fuerte en el escenario que propone el gobierno. Desde la oposición se puede construir un espacio genuino de centro-derecha y colaborar con el proyecto kirchenrista en la renovación política del sistema de partidos. De esta manera, el sistema político argentino podría “purificarse” y asemejarse a los típicos sistemas políticos europeos donde se alternan en la conducción del estado fuerzas políticas perfectamente definidas en la centro-izquierda y en la centro-derecha. Para que esta opción tome forma, la coalición Macri-López Murphy debería tender a ensancharse e incluir a Lavagna, Sobisch y otros partidos provinciales conservadores. En este escenario las fuerzas progresistas deberían confluir (marcando diferencias y matices) en el espacio político oficial. 

Tablero 2. La oposición puede desafiar al presidente a jugar en otro tablero. Si el discurso seudo progresista del presidente va en una dirección y las prácticas políticas marchan en sentido contrario, si el “Frente para la Victoria” se presenta como una simple arma electoral pero no trasciende hacia posturas ideológicas concretas y precisas, si el discurso de “centro-izquierda” del gobierno es una cáscara vacía que solo esconde la vieja matriz cleptocrática de la democracia argentina (parafraseando a Carrió “roban por derecha y roban por izquierda”), si el “Frente para la Victoria” no avanza hacia una institucionalización que supere la vieja estructura peronista; entonces la oposición podría unirse en una suerte de “pacto pre-ideológico”. Para que este tablero progrese sería indispensable un acercamiento de sectores que se autoproclaman de “izquierda” con sectores que se definen como de “derecha”. En este sentido el ARI, el Socialismo, RECREAR, Lavagna, deberían confluir en algún tipo de construcción que descoloque al gobierno. 

Tablero 3. La oposición puede marchar a la elección fragmentada pero con opciones ideológicas claras y precisas. Este tablero favorece al gobierno en el corto plazo pero puede erosionarlo en el mediano plazo. Si el gobierno no avanza en la construcción de un espacio verdaderamente “progresista”, el tiempo y la acción de gobierno profundizarán la distancia entre el plano discursivo y el plano de la ejecución de políticas de gobierno. Esto erosionará la credibilidad del proyecto kirchnerista y permitirá el florecimiento “por izquierda” del gobierno de opciones de centro-izquierda. En esto resultan fundamentales las experiencias de gestión que puedan mostrar las fuerzas progresistas. Por ello la experiencia de gestión local del socialismo santafecino y una eventual gobernación del mismo resultan piezas valiosas para la proyección nacional del  socialismo en el mediano plazo.      

Matías Lobos

matiaslobos73@yahoo.com.ar 

La crisis de representación y el des – centramiento de la política en las democracias representativas contemporáneas (Marzo de 2002)

       Los sistemas políticos democráticos en las sociedades capitalistas contemporáneas se encuentran atravesando dos obstáculos esenciales: la pérdida de centralidad de la política como mecanismo rector de las relaciones sociales y económicas, y la crisis de representación de los gobernantes elegidos en procesos electorales transparentes y legales.        

        El des – centramiento de la política se refleja en la incapacidad que manifiesta la misma para intervenir y regular las diversas esferas sociales, debido a que éstas obedecen cada vez más a cánones específicos que escapan del control de la lógica política [1]. La falta de centralidad de la política se traduce en el proceso de autonomización que despliegan las fuerzas económicas con respecto a las estructuras formales de regulación que operan desde la órbita política. Se produce una modificación drástica de relaciones de fuerza entre política y economía. La globalización lleva a la reducción de los márgenes de autonomía del estado – nación y a la activación de un proceso de subordinación de la actividad política a la lógica económica [2].          Los gobernantes elegidos en procesos electorales legales parecen no estar sometidos a las demandas de los actores sociales que los han votado y por ende se activa un proceso de pérdida de representatividad de los mismos. En el marco de esta situación la sociedad política puede liberarse de los lazos que la unen con la sociedad civil  y no tener ya otro fin que el crecimiento de su propio poder[3]. La crisis de representación de los dirigentes políticos lleva al cinismo y a la apatía y hasta a ignorar la existencia de la política. La mencionada crisis conduce a una pérdida de confiabilidad en los partidos políticos, el parlamento y en las grandes estructuras de mediación[4]. La función de mediación entre la sociedad civil y el estado que desarrollan las estructuras partidarias se encuentra en entredicho. Los partidos en su papel de actores políticos despliegan una autonomía creciente de las demandas de los actores sociales que operan en la sociedad civil, debilitando la representatividad de las instituciones políticas de la democracia representativa. En otras palabras, la crisis de representatividad de los gobernantes conduce a la desidentificación partidaria y a la desafección política de gran parte de la ciudadanía, afectando de manera grave la calidad del sistema político democrático.

El presente trabajo pretende indagar sobre como el problema de crisis de representación de los actores políticos afecta el funcionamiento eficaz de las democracias representativas contemporáneas. Propone como solución a dicha problemática la incorporación de mecanismos institucionales que promuevan la participación creciente de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas del sistema democrático representativo. La propuesta consiste en postular ciertos elementos de la democracia participativa como propulsores de una mejora sustancial en la calidad del funcionamiento de la democracia representativa.

(para consultar el documento en su totalidad, contacte al autor Matías Lobos en matiaslobos73@yahoo.com.ar) 

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[1] “…Un rasgo sobresaliente ya fue mencionado: el des – centramiento de la política. Vale decir, se debilita el lugar central que la política ocupara en la organización social. La política institucionalizada ve restringido su campo de maniobra porque son más limitados los recursos disponibles y más arriesgadas las apuestas a cerca de los resultados previsibles de una decisión. Pero además se restringe la capacidad política de intervenir en otras áreas porque éstas obedecen más y más a cánones específicos que escapan al control de la lógica política”.Lechner Norbert, La política ya no es lo que fue, en: Nueva Sociedad Nro. 144, Julio-Agosto 1996.

[2] “… El eje del cambio al nuevo patrón de relaciones Estado – sociedad puede sintetizarse de la siguiente forma: hay mayor determinación de lo económico sobre lo político, de lo transnacional sobre lo nacional y de lo individual sobre lo colectivo. Se produce el cambio del paradigma del capitalismo organizado, keynesiano – –en términos de arreglo estatal del conflicto capital – trabajo e influencia del Estado – nación en la regulación general de la sociedad -, al capitalismo desorganizado, neoliberal, caracterizado por la extensión que alcanza la economía de libre mercado, donde el estado ya no logra más éxito en el manejo autónomo de su economía, se desentiende y flexibiliza el conflicto capital – trabajo, y hay un fuerte desarrollo de la industria de servicios y separación del capitalismo financiero del industrial”. García Delgado Daniel, Estado y Sociedad. La nueva relación a partir del cambio estructural, Norma, Buenos Aires, 1994, Cap. 7.

[3] Los fundamentos de la corrupción política se pueden detectar en la respuesta que Touraine esboza a la siguiente pregunta: “…¿Qué ocurre cuando los actores políticos no están sometidos a las demandas de los actores sociales y pierden por lo tanto su representatividad? Así desequilibrados, pueden inclinarse hacia el lado del Estado y destruir la primera condición de existencia de la democracia, la limitación de su poder. Pero, si esta situación no se produce, la sociedad política puede liberarse a la vez de sus lazos con la sociedad civil y el Estado y no tener ya otro fin que el crecimiento de su propio poder. … Estas opiniones públicas hablan más directamente de corrupción, y este término es en efecto más exacto si se admite que la democracia debe ser representativa y por ende que las fuerzas políticas, los partidos en especial, deben estar al servicio de intereses sociales y no servirse a sí mismas ”. Touraine Alain, ¿Qué es la democracia?, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1995, Cap. 4.

[4] García Delgado Daniel, OP. CIT.

La reforma laboral en el gobierno de Menem (Marzo de 2002)

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar la evolución de la reforma laboral durante el primer gobierno del Presidente Menem desde el enfoque relacional de políticas públicas, y en ejemplificar con la mencionada política social el ciclo de la política pública y las condiciones de factibilidad de la misma.

 La caracterización del estado como instancia de articulación política con autonomía relativa nos provee de un marco teórico apropiado para comprender la política de reforma laboral del gobierno menemista en el período 89-95. La reforma laboral negociada de forma institucionalizada en un espacio de concertación promovido por el estado durante la gestión del Ministro Caro Figueroa, implicó el despliegue por parte del estado de márgenes crecientes de autonomía relativa, constituyendo una modalidad de formulación de la legislación laboral novedosa.     

El estudio de las políticas públicas permite observar al estado en acción. El análisis de dichas políticas facilita la comprensión de las relaciones que el estado entabla con la sociedad. El abordaje de las políticas públicas desde el enfoque relacional o interactivo posibilita el estudio de las políticas del estado en acción como el resultado manufacturado de las interacciones recíprocas entre actores estatales y sociales.

El conjunto de políticas públicas destinadas a implantar la reforma laboral en el período histórico de referencia constituyó el resultado de la interacción política entre el gobierno (en su condición de agente estatal que opera desde el plano gubernamental – institucional), el sector empresario nacional y transnacional, y la CGT (en su condición de actores sociales que operan desde la esfera de la sociedad civil).     La definición previa del concepto de autonomía relativa del estado y la presentación del marco teórico del enfoque relacional de políticas públicas, permitirá la evaluación del desarrollo de la política de reforma laboral en el primer gobierno de Menem teniendo en cuenta el estudio de las siguientes cuestiones teóricas: la definición de los actores políticos y sociales relevantes involucrados en la política de reforma laboral, el pasaje de la reforma laboral como cuestión socialmente problematizada desde la agenda social hacia la agenda gubernamental, la caracterización de la política de reforma laboral como el resultado de la interacción de variables que provienen del contexto social y del proceso político doméstico, y la definición de la reforma laboral en el mercado de trabajo como una política social que representa un proceso complejo compuesto por etapas sucesivas.     

Las políticas públicas del estado en ación son el producto de la interdependencia de dos conjuntos de variables. Las variables que provienen del contexto social determinan las condiciones de factibilidad de las políticas públicas. Las variables que provienen del proceso político – institucional doméstico determinan el resultado de un tipo de política social y no otro. Las estructuras institucionales vigentes en determinado momento proveen un conjunto de incentivos y castigos a los actores estatales y sociales para influir de manera decisiva en sus comportamientos cotidianos. La primera etapa de la reforma laboral de la gestión menemista (89-94) muestra los inconvenientes del gobierno para imponer su política de reforma laboral debido a las restricciones operativas provenientes del contexto y de la ausencia de un marco institucional apropiado para la introducción de flexibilidad en las relaciones laborales. La segunda etapa (94-95), en cambio, permite observar a un gobierno con capacidad de implementar reformas laborales parciales, superando las restricciones operativas del contexto y generando un cambio de marco institucional para regular la interacción de los actores sociales.    

 La política de reforma laboral durante la primera gestión gubernamental de Menem puede ser abordada como un proceso de construcción política compuesto por cinco etapas: en primer término, la identificación y definción del problema, en segundo, la formulación de las alternativas de solución, en tercero, la adopción de una alternativa de solución para la cuestión socialmente problematizada, en cuarto, la puesta en funcionamiento de la alternativa seleccionada, y por último, el proceso de evaluación de los resultados obtenidos por la implantación de la alternativa seleccionada.

Para finalizar, las políticas públicas que implementa el estado en acción son presentadas como soluciones a problemas públicos estructurados por actores sociales y/o estatales. La formulación de las mencionadas políticas debe tener un diseño sencillo y una estructura argumentativa convincente. El gobierno del Presidente Menem durante su primer mandato supo presentar la política de reforma laboral con un diseño sencillo y con una argumentación convincente. La flexibilidad del mercado de trabajo con la introducción de políticas de reforma laboral parciales fue presentada como la solución indispensable para complementar el proceso de reconversión industrial iniciado con el conjunto de reformas pro – mercado. El pasaje de una economía nacional cerrada con alto grado de intervención estatal hacia un modelo de desarrollo económico centrado en la apertura comercial y en el reemplazo de la intervención estatal por los mecanismos de mercado como herramienta de regulación del sistema económico, suponía un cambio en el modelo de relaciones laborales. El discurso gubernamental asoció con eficacia la situación social de desempleo estructural con las excesivas regulaciones estatales sobre el mercado laboral. La introducción de políticas laborales de flexibilidad fue presentada como la solución al problema público del incremento de las tasas de desocupación.

(si desea consultar el documento en su totalidad, contacte al autor Matías Lobos en matiaslobos73@yahoo.com.ar)