La crisis de representación y el des – centramiento de la política en las democracias representativas contemporáneas (Marzo de 2002)

       Los sistemas políticos democráticos en las sociedades capitalistas contemporáneas se encuentran atravesando dos obstáculos esenciales: la pérdida de centralidad de la política como mecanismo rector de las relaciones sociales y económicas, y la crisis de representación de los gobernantes elegidos en procesos electorales transparentes y legales.        

        El des – centramiento de la política se refleja en la incapacidad que manifiesta la misma para intervenir y regular las diversas esferas sociales, debido a que éstas obedecen cada vez más a cánones específicos que escapan del control de la lógica política [1]. La falta de centralidad de la política se traduce en el proceso de autonomización que despliegan las fuerzas económicas con respecto a las estructuras formales de regulación que operan desde la órbita política. Se produce una modificación drástica de relaciones de fuerza entre política y economía. La globalización lleva a la reducción de los márgenes de autonomía del estado – nación y a la activación de un proceso de subordinación de la actividad política a la lógica económica [2].          Los gobernantes elegidos en procesos electorales legales parecen no estar sometidos a las demandas de los actores sociales que los han votado y por ende se activa un proceso de pérdida de representatividad de los mismos. En el marco de esta situación la sociedad política puede liberarse de los lazos que la unen con la sociedad civil  y no tener ya otro fin que el crecimiento de su propio poder[3]. La crisis de representación de los dirigentes políticos lleva al cinismo y a la apatía y hasta a ignorar la existencia de la política. La mencionada crisis conduce a una pérdida de confiabilidad en los partidos políticos, el parlamento y en las grandes estructuras de mediación[4]. La función de mediación entre la sociedad civil y el estado que desarrollan las estructuras partidarias se encuentra en entredicho. Los partidos en su papel de actores políticos despliegan una autonomía creciente de las demandas de los actores sociales que operan en la sociedad civil, debilitando la representatividad de las instituciones políticas de la democracia representativa. En otras palabras, la crisis de representatividad de los gobernantes conduce a la desidentificación partidaria y a la desafección política de gran parte de la ciudadanía, afectando de manera grave la calidad del sistema político democrático.

El presente trabajo pretende indagar sobre como el problema de crisis de representación de los actores políticos afecta el funcionamiento eficaz de las democracias representativas contemporáneas. Propone como solución a dicha problemática la incorporación de mecanismos institucionales que promuevan la participación creciente de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas del sistema democrático representativo. La propuesta consiste en postular ciertos elementos de la democracia participativa como propulsores de una mejora sustancial en la calidad del funcionamiento de la democracia representativa.

(para consultar el documento en su totalidad, contacte al autor Matías Lobos en matiaslobos73@yahoo.com.ar) 


[1] “…Un rasgo sobresaliente ya fue mencionado: el des – centramiento de la política. Vale decir, se debilita el lugar central que la política ocupara en la organización social. La política institucionalizada ve restringido su campo de maniobra porque son más limitados los recursos disponibles y más arriesgadas las apuestas a cerca de los resultados previsibles de una decisión. Pero además se restringe la capacidad política de intervenir en otras áreas porque éstas obedecen más y más a cánones específicos que escapan al control de la lógica política”.Lechner Norbert, La política ya no es lo que fue, en: Nueva Sociedad Nro. 144, Julio-Agosto 1996.

[2] “… El eje del cambio al nuevo patrón de relaciones Estado – sociedad puede sintetizarse de la siguiente forma: hay mayor determinación de lo económico sobre lo político, de lo transnacional sobre lo nacional y de lo individual sobre lo colectivo. Se produce el cambio del paradigma del capitalismo organizado, keynesiano – –en términos de arreglo estatal del conflicto capital – trabajo e influencia del Estado – nación en la regulación general de la sociedad -, al capitalismo desorganizado, neoliberal, caracterizado por la extensión que alcanza la economía de libre mercado, donde el estado ya no logra más éxito en el manejo autónomo de su economía, se desentiende y flexibiliza el conflicto capital – trabajo, y hay un fuerte desarrollo de la industria de servicios y separación del capitalismo financiero del industrial”. García Delgado Daniel, Estado y Sociedad. La nueva relación a partir del cambio estructural, Norma, Buenos Aires, 1994, Cap. 7.

[3] Los fundamentos de la corrupción política se pueden detectar en la respuesta que Touraine esboza a la siguiente pregunta: “…¿Qué ocurre cuando los actores políticos no están sometidos a las demandas de los actores sociales y pierden por lo tanto su representatividad? Así desequilibrados, pueden inclinarse hacia el lado del Estado y destruir la primera condición de existencia de la democracia, la limitación de su poder. Pero, si esta situación no se produce, la sociedad política puede liberarse a la vez de sus lazos con la sociedad civil y el Estado y no tener ya otro fin que el crecimiento de su propio poder. … Estas opiniones públicas hablan más directamente de corrupción, y este término es en efecto más exacto si se admite que la democracia debe ser representativa y por ende que las fuerzas políticas, los partidos en especial, deben estar al servicio de intereses sociales y no servirse a sí mismas ”. Touraine Alain, ¿Qué es la democracia?, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1995, Cap. 4.

[4] García Delgado Daniel, OP. CIT.

Publicado en  on Julio 3, 2007 at 11:48 am Dejar un comentario

La reforma laboral en el gobierno de Menem (Marzo de 2002)

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar la evolución de la reforma laboral durante el primer gobierno del Presidente Menem desde el enfoque relacional de políticas públicas, y en ejemplificar con la mencionada política social el ciclo de la política pública y las condiciones de factibilidad de la misma.

 La caracterización del estado como instancia de articulación política con autonomía relativa nos provee de un marco teórico apropiado para comprender la política de reforma laboral del gobierno menemista en el período 89-95. La reforma laboral negociada de forma institucionalizada en un espacio de concertación promovido por el estado durante la gestión del Ministro Caro Figueroa, implicó el despliegue por parte del estado de márgenes crecientes de autonomía relativa, constituyendo una modalidad de formulación de la legislación laboral novedosa.     

El estudio de las políticas públicas permite observar al estado en acción. El análisis de dichas políticas facilita la comprensión de las relaciones que el estado entabla con la sociedad. El abordaje de las políticas públicas desde el enfoque relacional o interactivo posibilita el estudio de las políticas del estado en acción como el resultado manufacturado de las interacciones recíprocas entre actores estatales y sociales.

El conjunto de políticas públicas destinadas a implantar la reforma laboral en el período histórico de referencia constituyó el resultado de la interacción política entre el gobierno (en su condición de agente estatal que opera desde el plano gubernamental – institucional), el sector empresario nacional y transnacional, y la CGT (en su condición de actores sociales que operan desde la esfera de la sociedad civil).     La definición previa del concepto de autonomía relativa del estado y la presentación del marco teórico del enfoque relacional de políticas públicas, permitirá la evaluación del desarrollo de la política de reforma laboral en el primer gobierno de Menem teniendo en cuenta el estudio de las siguientes cuestiones teóricas: la definición de los actores políticos y sociales relevantes involucrados en la política de reforma laboral, el pasaje de la reforma laboral como cuestión socialmente problematizada desde la agenda social hacia la agenda gubernamental, la caracterización de la política de reforma laboral como el resultado de la interacción de variables que provienen del contexto social y del proceso político doméstico, y la definición de la reforma laboral en el mercado de trabajo como una política social que representa un proceso complejo compuesto por etapas sucesivas.     

Las políticas públicas del estado en ación son el producto de la interdependencia de dos conjuntos de variables. Las variables que provienen del contexto social determinan las condiciones de factibilidad de las políticas públicas. Las variables que provienen del proceso político – institucional doméstico determinan el resultado de un tipo de política social y no otro. Las estructuras institucionales vigentes en determinado momento proveen un conjunto de incentivos y castigos a los actores estatales y sociales para influir de manera decisiva en sus comportamientos cotidianos. La primera etapa de la reforma laboral de la gestión menemista (89-94) muestra los inconvenientes del gobierno para imponer su política de reforma laboral debido a las restricciones operativas provenientes del contexto y de la ausencia de un marco institucional apropiado para la introducción de flexibilidad en las relaciones laborales. La segunda etapa (94-95), en cambio, permite observar a un gobierno con capacidad de implementar reformas laborales parciales, superando las restricciones operativas del contexto y generando un cambio de marco institucional para regular la interacción de los actores sociales.    

 La política de reforma laboral durante la primera gestión gubernamental de Menem puede ser abordada como un proceso de construcción política compuesto por cinco etapas: en primer término, la identificación y definción del problema, en segundo, la formulación de las alternativas de solución, en tercero, la adopción de una alternativa de solución para la cuestión socialmente problematizada, en cuarto, la puesta en funcionamiento de la alternativa seleccionada, y por último, el proceso de evaluación de los resultados obtenidos por la implantación de la alternativa seleccionada.

Para finalizar, las políticas públicas que implementa el estado en acción son presentadas como soluciones a problemas públicos estructurados por actores sociales y/o estatales. La formulación de las mencionadas políticas debe tener un diseño sencillo y una estructura argumentativa convincente. El gobierno del Presidente Menem durante su primer mandato supo presentar la política de reforma laboral con un diseño sencillo y con una argumentación convincente. La flexibilidad del mercado de trabajo con la introducción de políticas de reforma laboral parciales fue presentada como la solución indispensable para complementar el proceso de reconversión industrial iniciado con el conjunto de reformas pro – mercado. El pasaje de una economía nacional cerrada con alto grado de intervención estatal hacia un modelo de desarrollo económico centrado en la apertura comercial y en el reemplazo de la intervención estatal por los mecanismos de mercado como herramienta de regulación del sistema económico, suponía un cambio en el modelo de relaciones laborales. El discurso gubernamental asoció con eficacia la situación social de desempleo estructural con las excesivas regulaciones estatales sobre el mercado laboral. La introducción de políticas laborales de flexibilidad fue presentada como la solución al problema público del incremento de las tasas de desocupación.

(si desea consultar el documento en su totalidad, contacte al autor Matías Lobos en matiaslobos73@yahoo.com.ar)

Publicado en  on at 11:46 am Dejar un comentario