El gobierno y la oposición de cara a la elección nacional de octubre (Julio de 2007)

• El gobierno del presidente Kirchner viene atravesando los últimos meses una serie de traspiés electorales: primero fue Misiones, luego siguió Neuquén y finalmente llegó la combinación de derrotas en la Capital Federal y en Tierra del Fuego. Frente hasta esta situación, gobierno y oposición pueden estar tentados en cometer dos errores. El primero puede llegar a considerar las mencionadas derrotas como simples y esporádicos episodios locales, desde esta lógica el gobierno puede llegar a pretender hacer de las derrotas meros y simples fracasos electorales que se produjeron solo por cuestiones políticas que se corresponden con realidades particulares, evitando de esta forma que los traspiés sufridos se trasladen a la elección nacional de octubre. La segunda puede analizar los resultados citados como el producto del hartazgo generalizado de una mayoría silenciosa de ciudadanos con la política nacional del gobierno que encabeza el líder patagónico, suponiendo de esta manera que las derrotas sufridas por el oficialismo en los ámbitos locales se trasladarán en forma automática a las elecciones de octubre, con lo cual estaríamos viviendo los comienzos del fin de la era pinguina. Sintetizando los argumentos, el oficialismo puede estar tentado con menoscabar las derrotas locales sufridas, y la oposición puede ilusionarse con pensar que la totalidad de votos opositores en las instancias locales se fusionarán en un rechazo generalizado y homogéneo al proyecto del presidente.

• Considero apropiado remarcar algunas cuestiones básicas que pueden contribuir a despejar el panorama político actual:

     a. Los votantes del oficialismo y de la oposición (en todos los distritos del país), votan en un marco generalizado de escepticismo y desidentificación partidaria (todos los partidos políticos, nuevos y viejos, atraviesan por una crisis de representación)  y política (la inmensa mayoría de los argentinos no se identifica con ninguna ideología determinada); salvo una minoría que vive el microclima político – electoral, la gran mayoría de los ciudadanos emite sus votos sin considerar en demasía las divisiones tradicionales entre izquierdas y derechas. Desde esta óptica, no resulta aventurado pensar que votantes del Movimiento Popular Neuquino, o de Propuesta Republicana, o del ARI, o del Frente Cívico y Progresista (Santa Fé) opten por el pingüino o su esposa en octubre. Ni el oficialismo ni la oposición pueden creer que tienen un cheque en blanco de la ciudadanía, todos están bajo la lupa y todos son llamados a rendir cuentas. Cómo dice el dicho campestre “nadie tiene la vaca atada”.

   b. El oficialismo debería considerar que los simples equilibrios macroeconómicos son una condición indispensable para generar gobernabilidad, pero no la única. Muchos de los votos opositores al gobierno encuentran su fundamento último en la corrupción enquistada en el manejo de los presupuestos públicos(Skanska), en el autoritarismo hegemónico del estilo de acumulación del poder del presidente, en los problemas severos de regulación de los servicios públicos (transporte), en la falta de previsión de inversiones en áreas claves de la economía (electricidad), en la baja calidad institucional de las instituciones republicanas (consejo de la magistratura), en el manejo discrecional de las estadísticas oficiales (intervención del INDEC), en la falta de control de la inflación y en ciertos alineamientos internacionales (Cháves usando Argentina como tribuna para emitir sus falsas diatribas contra el imperialismo yanqui).

     c. La oposición tendría que percibir en su diagnóstico de la situación que “el helicóptero de De La Rúa” sobrevuela aun hoy las mentes de muchos compatriotas. Esto supone que un paradigma de construcción alternativo para las fuerzas de oposición podría ser el siguiente: GESTIÓN + GOBERNABILIDAD + CONSTRUCCIÓN DESDE LO LOCAL HACIA LO NACIONAL. Frente a la crisis traumática de la ALIANZA en 2001, las alternativas opositoras deben mostrar experiencias de gestión comprobables y empíricas, que demuestren con realidades palpables las posibilidades reales de un modelo alternativo. El desafío complementario para la oposición radica en mostrar niveles de gobernabilidad razonables en las experiencias locales, que le permitan comprobar a la ciudadanía la fortaleza y la densidad política de los proyectos alternativos. Es por estas razones que la sociedad ya está dando chances concretas de gobierno a la oposición en ámbitos locales. La construcción de una alternativa nacional para la oposición pasa necesariamente por un camino que debe ir desde lo local hacia lo nacional. Los triunfos del ARI en Tierra del Fuego, del PRO en la Capital Federal y un casi seguro del Frente Cívico en Santa Fé, son perlas para la oposición que deben ser cuidadas con suma cautela. Será difícil un cambio de gobierno nacional si estas fuerzas no demuestran capacidad de gobierno provincial.

      d. Por último, se escucha bastante en estos días la hipótesis de que si la oposición va desunida en la primera vuelta esto podría generar una dispersión tal del voto que le impida al matrimonio presidencial llegar al 40% de los sufragios. Me temo que tal dispersión podría generar los efectos contrarios, esto es una tracción de votos hacia el oficialismo. Siguiendo el razonamiento que llevo hasta este punto: si la oposición a nivel nacional no logra unirse con un proyecto que genere confianza de gestión y seguridad de gobernabilidad, es muy probable que muchos votos opositores en los planos locales se trasladen a la opción oficialista en el plano nacional. Rematando con un dicho popular: “más vale malo conocido que bueno por conocer”.      

     Matías Lobos

    matiaslobos73@yahoo.com.ar    

¿Cómo debería votar el verdadero progresista porteño? (Junio de 2007)

La estrategia utilizada por el oficialismo para devastar a la figura de Macri es clara y precisa: la estigmatización de la década del noventa y la adhesión automática del líder del PRO a la mencionada década.

 Considero conveniente que el electorado que se autodefine como progresista en la ciudad de Buenos Aires, evalúe los siguientes aspectos a la hora de considerar si el gobierno del Presidente Kirchner cumple verdaderamente con los umbrales mínimos de progresismo. 

El diario Página 12 en la llamada “segunda década infame”  informaba en forma diaria los incontables casos de corrupción que se sucedían en la gestión menemista. Así fue como la práctica del saqueo indiscriminado de la Nación se convirtió en una verdad que no podía ser ocultada. Hoy, lamentablemente y salvo contadas excepciones, la prensa argentina no difunde con tanta asiduidad los casos de corrupción de la gestión gubernamental, pero todos sabemos que la matriz cleptocrática no se ha desactivado. Los casos de sobreprecio de la obra pública que han salido a la luz en las últimas semanas son una muestra insoslayable de lo antes dicho. Este gobierno continua saqueando las arcas públicas. Ayer el progresismo se preocupaba con justa causa por el saqueo de la Nación, hoy no puede mirar para otro lado y justificar la corrupción del actual gobierno.

 En los anos noventa; la manipulación de las instituciones republicanas, y especialmente la de la justicia; ocupaba un lugar destacado en la agenda de preocupaciones progresistas. La matriz cleptocrática solo podía funcionar con impunidad, y esa impunidad solo se garantizaba con una justicia obediente del poder político. Fue así que el punto más álgido en la mencionada manipulación llegó con el aumento del número de jueces de la Corte Suprema que respondían las directivas expresas del entonces presidente. Actualmente, la manipulación de las instituciones republicanas continúa. Si bien el actual presidente ha efectuado una renovación del máximo tribunal, por debajo ha alterado la composición de los miembros del Consejo de la Magistratura aumentando la representación del oficialismo en dicha institución. Es en este punto donde la manipulación sigue, y el razonamiento que lleva adelante el gobierno es sencillo: ellos necesitan la misma impunidad que precisaban los funcionarios menemistas. Hoy, un verdadero progresista no puede pasar por alto esta cuestión, salvo que la impunidad que oculta el robo del estado ya no sea más una inquietud atendible.

 La política de derechos humanos ha sido siempre una preocupación sobresaliente en el campo progresista. La derogación de las leyes de punto final y obediencia debida son una adelanto indiscutible en esta materia. Pero cabe recordar los contextos históricos en los cuales acontecen los procesos políticos. Las leyes mencionadas fueron sancionadas luego de que los miembros de las juntas militares fueron juzgados por los crímenes cometidos en la esfera de la justicia civil, y fueron el instrumento utilizado para la contención de los alzamientos militares carapintadas que ponían en jaque a la naciente democracia. El actual gobierno promueve la derogación de las mismas en un contexto sumamente favorable a la conducción civil de las fuerzas armadas. Para ser gráfico en lo que quiero expresar, Alfonsín tuvo que lidiar con el “león suelto que todavía mostraba las garras”, Kirchner le propina latigazos a un “león que ya está domado”. Alfonsín tenía que soportar los embates de Rico y de Seineldín, Kirchner enfrenta los de Pando. El progresista no debería dejarse engañar por las sobreactuaciones del gobierno en materia de derechos humanos, y recordar que mientras este presidente critica o se olvida de los verdaderos luchadores por los derechos humanos, las verdaderas preocupaciones de Kirchner en esos años pasaban por hacer caja para su proyecto político. 

La convertibilidad en los noventa, una típica política de estabilización monetaria, fue convertida por el menemismo en su modelo económico. No importaba la desindustrialización del aparato productivo, no importaba la extranjerización de la economía, no importaba la tercerización del esquema de producción, no importaba el empleo en negro, la desocupación y el aumento de la pobreza. El verdadero progresista debería pensar si hoy el gobierno nacional plantea realmente un modelo de desarrollo productivo estable y eficiente. O no será que otra política de estabilización monetaria, en este caso la devaluación, una vez más se convierte en la única propuesta de desarrollo económico. ¿O acaso los problemas antes citados no se mantienen? Una verdadera agenda de desarrollo progresista debería contemplar la detección de nichos de mercados en la economía mundial que posibiliten un desarrollo productivo endógeno sustentable en el largo plazo. 

La falta de equidad en la distribución de ingresos era un tema que preocupaba muchos a las mentes progresistas. En los noventa se había vendido, y muchos compraron, la teoría del derrame. La idea era que primero había que crecer para luego distribuir la riqueza material que el progreso económico generaba. Así fue como crecimos y crecimos, pero la riqueza en vez de redistribuirse se concentraba cada vez más en sectores minoritarios y privilegiados de la sociedad. El patrón de distribución del ingreso no se ha alterado en la gestión kirchnerista ni un ápice, más bien esta distribución se hace cada vez más regresiva. La concentración se ha profundizado y hoy la brecha que separa al 10% de la población más rica del 10% de la población más pobre es cada vez mayor. Por lo tanto, el verdadero progresista no puede negar que detrás del discurso “progre” del presidente se oculta una verdad contundente: la reedición de la teoría del derrame. 

El menemismo justificaba su accionar con argumentos democráticos: el pueblo me vota en su mayoría por lo tanto avala con su voto lo que esta gestión hace. Para reforzar estos justificativos democráticos un periodista amigo de entonces le organizaba la plaza del SI. Las fuerzas políticas que en ese momento denunciaban los atropellos menemistas eran acalladas por la fuerza y la contundencia de los argumentos democráticos. En ese momento el progresismo formaba parte de las voces minoritarias que gritaban a los cuatro vientos los escándalos vergonzantes del menemismo. Hoy la patota oficial vuelve una vez más a utilizar los mismos argumentos: si la mayoría está conmigo el pueblo avala lo que hago, y los grupos minoritarios que insisten con permanecer en la oposición son vilipendiados públicamente y asociados con oscuros intereses antinacionales. El verdadero progresismo sabe que una democracia se construye con mayorías que respetan a las minorías. El progresismo no puede respaldar a un gobierno que hace del oprobio y del apriete sus banderas de lucha.

Matías Lobos

matiaslobos73@yahoo.com.ar 

Hacia la construcción de una República Democrática (Mayo de 2007)

La Coalición Cívica propone la construcción de una República Democrática, la cual consideramos que deberá estar fundamentada en los siguientes principios orientadores:

1. Una concepción del poder no absoluto. Lejos de las posturas estatistas extremas que condicionan el desarrollo de la sociedad a las directivas que emanan de la planificación estatal, pero también alejados de las visiones que consideran al estado como mera instancia monopolizadora de la coacción estatal; nuestra propuesta es una concepción del poder que condiciona el accionar del estado a través de la Constitución, entendida esta última como la expresión del poder constituyente que emana del consenso social básico que debe existir entre las fuerzas políticas y sociales de la comunidad.
2. En cuanto a la legitimación del poder del estado, la construcción de una República verdaderamente democrática supone convertir al poder en autoridad a través del reconocimiento libre, racional y renovado de los pueblos. La implementación de procedimientos electorales democráticos, liberados de prácticas clientelares y transparentes se convierten en una herramienta fundamental para la legitimación del poder estatal.
3. El ejercicio del poder estatal deberá ser efectuado desde un marco ético general de contención. La Coalición Cívica aboga por abandonar para siempre la supuesta neutralidad ética del poder. Nuestros principios en este sentido son claros: intransigencia ética y perseverancia. La actividad del estado, e incluso la misma constitución, deben reconocer un marco normativo preciso y concreto de comportamientos y conductas éticas.
4. El poder del estado en la República Democrática, si pretendemos abandonar las tendencias hegemónicas y autoritarias, tiene que sustentarse en una división de funciones que asegure en forma simultánea: la independencia de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial; el equilibrio de los tres poderes a través de los mecanismos de frenos y contrapesos; y la coordinación de las tres funciones en la conducción eficaz del aparato estatal. Uno de los principales déficit de nuestra joven democracia es no haber podido superar el autoritarismo, este era muy fácil de identificar en el contexto de gobiernos militares represivos; pero el verdadero desafío actual es combatir y erradicar las tendencias autoritarias que moran en el corazón mismo del sistema republicano y democrático actual.
5. La República Democrática tiene dos valores políticos supremos: la libertad y la igualdad. Nuestra nación es un claro ejemplo de cómo nunca se pudieron sintetizar estos dos valores básicos. En nombre de la libertad se pisotearon las políticas de integración que tendían al logro de la igualdad. Y en nombre de la integración social se aplastaron dimensiones elementales de la libertad. Nuestra propuesta consiste en sintetizar la libertad y la igualdad, ya que una democracia no puede funcionar si no quedan asegurados los derechos sociales básicos a partir de los cuales se pueden comenzar a pensar y ejercer la libertad. La educación, la salud y el ingreso monetario deben posicionarse en un piso de igualdad mínima para todos los ciudadanos, a partir del cual el ejercicio de la libertad se transforma en una realidad material, y no en un mero ejercicio de reflexión teórica.
6. La República Democrática se transforma en un instrumento idóneo para el desarrollo económico sustentable. La República Democrática asegura la inclusión social de la totalidad de los ciudadanos, permitiendo de esta forma la creación de un mercado de consumo dinámico y con alto poder adquisitivo. El capital encuentra su mejor clima de negocios en el marco de una sociedad sin exclusión social. Las políticas de integración social se convierten de esta forma en instrumentos complementarios del desarrollo económico. Un estado que asegure reglas de juego claras y transparentes permite la conquista de dos objetivos sociales básicos: el crecimiento económico y el desarrollo social.
7. En síntesis; la ética en la conducción del estado, las instituciones republicanas para orientar el ejercicio del poder, y la distribución del ingreso para implementar un desarrollo económico-social; son los pilares fundamentales de la República Democrática que se ha propuesto construir la Coalición Cívica.

          Matías Lobos

         matíaslobos73@yahoo.com.ar